El aumento de la interfaz urbano-forestal, la falta de prevención y una menor cultura del riesgo hacen que cada vez más incendios afecten a viviendas, infraestructuras y personas
Los incendios forestales han dejado de ser un fenómeno limitado al monte para convertirse en una emergencia territorial con un impacto creciente sobre la población, las viviendas y las infraestructuras. Los expertos alertan de un cambio de paradigma en el que el fuego ya no solo afecta a los ecosistemas forestales, sino que alcanza cada vez con mayor frecuencia núcleos habitados situados en la interfaz urbano-forestal.
Los datos de los últimos años reflejan esta tendencia. En 2025, uno de cada cuatro incendios forestales tuvo consecuencias directas para la población, con cerca de 43.000 personas evacuadas, una cifra récord. En lo que va de 2026, los indicadores vuelven a situarse por encima de la media, con 16 víctimas mortales y más de 4.000 personas desplazadas por los incendios registrados en distintos puntos del país.
Entre los factores que explican esta evolución destacan el crecimiento de las áreas donde conviven masas forestales y zonas urbanizadas, la acumulación de combustible vegetal por el abandono del territorio, el incremento de las condiciones meteorológicas extremas y la insuficiente implantación de medidas preventivas y planes de autoprotección.
Los especialistas coinciden en que la prevención debe adquirir un mayor protagonismo. Actualmente, se estima que hasta el 80 % de las viviendas y urbanizaciones ubicadas en zonas de riesgo carecen de planes de autoprotección o no los aplican correctamente. Además, una parte importante de los recursos públicos continúa destinándose a la extinción frente a la inversión en gestión forestal, adaptación del paisaje y prevención.
Junto a ello, los expertos subrayan la necesidad de reforzar la cultura del riesgo entre la ciudadanía. La formación de la población, la planificación municipal, la realización de simulacros y el mantenimiento de las parcelas y viviendas en condiciones seguras son medidas clave para reducir la vulnerabilidad ante incendios cada vez más complejos.
Este nuevo escenario pone de manifiesto la importancia de avanzar hacia un modelo de gestión integral del territorio, en el que administraciones, profesionales y ciudadanía trabajen de forma coordinada para aumentar la resiliencia frente al fuego y minimizar sus consecuencias sobre las personas y el entorno.
Información sacada del diario ABC.